Comentario
Para conseguir la estabilidad y la conciliación, tras los efectos destructivos de la guerra civil, César no utilizó métodos revolucionarios. Sus medidas sociales fueron conservadoras y trataron de garantizar la posición social y económica de los estratos pudientes, aunque ofreció a las otras clases algunos beneficios, a cambio de renuncias y sacrificios. Esta política de conciliación llevaría a César a la incomprensión y a la perplejidad incluso de sus propios partidarios y, finalmente, al aislamiento.
De estas medidas sociales, la más fecunda y, también, la más original fue su política de colonización y concesión del derecho de ciudadanía romana. Como ya era costumbre desde finales del siglo II, todo caudillo se veía obligado a repartir tierras cultivables entre sus veteranos. El problema, hasta el momento, se había resuelto, de forma cómoda pero precaria, mediante la confiscación de tierras en Italia, pertenecientes a los enemigos. La política de conciliación proclamada por César le impedía apoderarse de tierras de particulares, pero como no existían tierras comunales (ager publicus) suficientes para repartir entre sus soldados fieles, llevó a cabo una vasta política de asentamientos coloniales fuera de Italia, en el ámbito provincial.
Las medidas de colonización provincial sirvieron, también, para una política social ambiciosa, que pretendía reducir el proletariado urbano, continuo foco de disturbios. Se estima que, además de los veteranos, unos 80.000 proletarios de la Urbe se beneficiaron de esta política de colonización, lo que permitió reducir de 320.000 a 150.000 el número de ciudadanos con derecho a repartos gratuitos de trigo.
La fundación de colonias en las provincias -Hispania, Galia y África, sobre todo- , además de proporcionar tierras de cultivo a miles de ciudadanos, sirvió para extender la romanización en amplios territorios y, con ello, uniformar las primitivas sociedades incluidas bajo el dominio de Roma. Cada fundación colonial significaba además un fortalecimiento de la posición personal de César y una exaltación de sus virtudes, como demuestran los epítetos que recibieron: Iulia Triumphalis (Tarragona), Claritas lulia (Espejo) o Iulia Victrix (Velilla del Ebro), por citar sólo ejemplos hispanos. La muerte le impidió completar los ambiciosos planes de asentamiento, que fueron continuados por sus lugartenientes y, sobre todo, por su heredero político, Augusto.
En conexión con estas fundaciones, hay que considerar la política de concesión de ciudadanía romana o de derecho latino no sólo a individuos significados sino a comunidades enteras extraitalianas, como premio a su lealtad y a sus servicios. Con estos medios -la ciudadanía romana y el escalón previo del derecho latino-, muchas comunidades de Occidente unificaron su organización como municipia, a imagen de Roma, y progresaron en un proceso creciente de romanización. Y para favorecer esta unificación, César proyectó una lex Iulia municipalis, con vistas a la homologación de los distintos estatutos de administración y jurisdicción de los municipios, publicada después de su muerte.
Otras medidas político-sociales, de menor alcance, descubren una preocupación constante por frenar la proletarización de las masas ciudadanas y fomentar una burguesía, culta y acomodada, en Italia. Así lo prueban decretos como el que obligaba a los grandes propietarios a emplear en las faenas agrícolas, como mínimo, un tercio de trabajadores libres, o el que prohibía a los ciudadanos italianos abandonar la península por un espacio de tiempo superior a tres años.
Las medidas políticas de César tuvieron un alcance mucho menor que las sociales. La mayoría se redujo a acomodar las instituciones públicas a su posición de poder sobre el Estado, sin pretender reformarlas en profundidad. César reorganizó el Senado, aumentando el número de sus miembros de 600 a 900, al tiempo que restringía drásticamente las competencias de la cámara para convertirla en un órgano vacío de poder, en un simple instrumento de aclamación. Las asambleas populares fueron utilizadas por el dictador a voluntad. Las magistraturas, consideradas por el dictador más como un cuerpo de funcionarios que como portadores de la facultad ejecutiva del Estado, perdieron casi por completo la posibilidad de obrar con independencia.
Para controlar mejor a la población ciudadana, se prohibieron las asociaciones (collegia) políticas; en el ámbito judicial, se reguló de nuevo la composición de los jurados civiles y criminales y se endurecieron las penas; y en el campo de la administración provincial, una lex Iulia de provincias redujo la duración de la gestión de los gobernadores.
En el conjunto de la obra pública de César, hay que mencionar, finalmente, su reforma del calendario, que, con leves retoques en el siglo XVI, aún perdura.